El pasado 11 de julio, se aprobó en la Cámara de Diputados, con votos de todos los partidos con representación parlamentaria, la Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotaciçon de PersonasContra la trata y la explotación de personas

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La Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la explotación de Personas tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.

El miembro informante del proyecto, diputado frenteamplista Nicolás Viera, llamó la atención sobre el aumento de la trata en Uruguay en los últimos años: se registraron 350 en 2017. Por su parte, la diputada Cristina Lustemberg acotó es el negocio más lucrativo del mundo y que en América Latina el 25)% de las víctimas son niñas y adolescentes.

Con respeto a estándares internacionales

En su artículo 4, define la trata como “La captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación. Sin perjuicio de otras formas de explotación, se consideran tales la explotación sexual, el matrimonio forzado o servil, el embarazo forzado, los trabajos o servicios forzosos u obligatorios, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación laboral, la mendicidad forzada, la extracción o transferencia ilícita de órganos, tejidos o fluidos humanos y la venta de personas, especialmente de niños, niñas o adolescentes”. Queda así reconocida la complejidad de las situaciones que viven las personas de todas las edades y nacionalidades en diferentes ámbitos.

La acción decidida de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones, permitió la elaboración de esta ley que hoy amplía la protección y los derechos de las personas.

Fue elaborada en base a estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los instrumentos que enumeran el artículo 2, merced a la acción decidida de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones.

Principios rectores y directrices

La ley define las directrices para las políticas públicas, mandatando a las instituciones del Estado a intervenir, adoptar y ejecutar programas, acciones, protocolos, registros e investigaciones para la erradicación de la trata y la explotación de personas, en el ámbito de sus competencias.

Reconoce como principios rectores la debida diligencia del Estado; la igualdad y no discriminación; la perspectiva de género; prioridad de los derechos humanos de las víctimas; el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.; voluntariedad y participación de las víctimas; confidencialidad; integralidad de la atención; respeto al proyecto de vida; la no re victimización; la gratuidad de las prestaciones de atención psicosocial, médica y defensa jurídica; y la celeridad.

Fortalece los derechos de las personas en situación de trata y explotación, independientemente de su nacionalidad, al prever servicios de traducción e interpretación, seguridad y asistencia material básica, alojamiento seguro y adecuado, cuidados de salud, asistencia psicológica, información, asesoría y patrocinio jurídico, información y apoyo al retorno voluntario, apoyo para la reunificación familiar y para la inserción familiar, social y comunitaria, así como en programas de capacitación y oportunidades de empleo.

Innovaciones penales

Incluye disposiciones penales, algunas innovadoras de la tipificación de delitos como la que penaliza el almacenamiento de pornografía infantil para consumo habitual aunque no suponga distribución. También dispone que, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de la ley, “prevalecerá la interpretación más favorable a las víctimas de trata” y que ellas no serán punibles por la comisión de cualquier delito que sea resultado directo de haber sido objeto de trata o explotación.

Estas normas fueron cuestionadas por la oposición. El diputado Ope Pasquet del Partido Colorado, entiende que se consagra la inversión del principio de inocencia y se da licencia para matar. Desde el Partido Nacional, la diputada Graciela Bianchi y su par Aldo Lamorte no votaron la ley ni en general, por considerarla “absolutamente rechazable” y que genera vulneración de derechos.

Los evangelistas Gerardo Amarilla y Alvaro Dastugue cuestionaron la disposición que da derecho a mujeres extranjeras en situación de trata a interrumpir su embarazo sin un tiempo límite de residencia en el país. Dastugue teme que llegue a generar “un turismo abortivo” en el país… Amarilla cree que algunos articulos están permeados de “ideología de género”, como el que exige la formación en perspectiva de género de los médicos forenses que atiendan a las víctimas de trata.

Institucionalidad

La flamante ley crea el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas como ente rector en la materia, integrado por instituciones públicas con competencia directa y organizaciones sociales con larga trayectoria en la temática. Asimismo, incorpora el Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotación de Personas, que centraliza la información y facilita la denuncia y el tránsito por el Sistema de Justicia. En un proceso progresivo, el Estado ha instalado un Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas, que con el nuevo marco legal será fortalecido.

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