#OpiniónDe aquí a la impunidad

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El sueño de quienes violan la ley es tener garantizada la impunidad para sus crímenes. En los regímenes corruptos, los únicos delincuentes que tienen semejante seguridad son los que pertenecen a las clases más acomodadas. En el caso de los gobernantes deshonestos, se trata de quienes, además, cometen los crímenes más graves, que en general afectan a una parte importante de la comunidad, comenzando por los sectores más vulnerables.

En gobiernos de facto, quienes usurparon el poder, con excepción de la dictadura genocida comenzada en 1976, han gozado históricamente de la impunidad que le brindó el propio Poder Judicial con la firma de sus máximas autoridades. Conviene recordar que el 6 de septiembre de 1930 se produjo en nuestro país el primer golpe de Estado que, de la mano del teniente general Uriburu, derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Cuatro días después, el 10 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la presencia activa y firmando la espuria Acordada, del entonces Procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, convalidó la usurpación, iniciando una zaga inmoral que se extendería a lo largo del siglo XX en los sucesivos golpes de Estado.

Tanto los usurpadores de entonces, como los que protagonizaron los siguientes golpes, finalizaron su cometido y sus días de vida en la comodidad de su hogar y sin sanción legal alguna por sus tropelías.

La excepción señalada de la última dictadura cívico-militar no es cuestión menor ya que los juicios comenzados en 2006 contra los distintos responsables del genocidio significaron un cambio definitorio en los ciclos de impunidad ante los atroces crímenes cometidos desde el propio Estado. Eso fue posible fundamentalmente gracias a las condiciones políticas imperantes en el país a partir del año 2003, que permitieron la designación de jueces de la Corte Suprema comprometidos con los derechos humanos, que declararon – en 2005 – la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (declaradas nulas por el Congreso de la Nación en 2003).

En ese proceso, el rol de los dos Procuradores Generales sucesivamente actuantes resultó decisivo. Tanto Esteban Righi (2004-2012), como Alejandra Gils Carbó (2012-2017), honraron sus cargos con la alta responsabilidad de fijar la política de persecución penal tal como marca la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal. Cabe recordar que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República (artículo 120 Constitución Nacional).

El contraste entre la actitud de quien desde el mismo cargo, Horacio Rodríguez Larreta, convalidó el primer golpe de Estado de nuestro país, y la de quienes son respetuosos de los derechos humanos consagrados en nuestra legislación resulta elocuente a la hora de evaluar las consecuencias de una u otra posición. Claramente se trata de una cuestión ideológica como todo lo que impulsa las opiniones y decisiones de cada ciudadano, sea o no funcionario público.

Y en materia de vigencia o violación de derechos humanos, la ideología de quienes tienen la trascendente tarea de administrar justicia resulta determinante no sólo para su designación, sino que además permite vislumbrar la orientación de sus futuras decisiones. Negar la incidencia de la ideología en la función jurisdiccional no solo es necio sino, además, interesado.

Senadoras y senadores entrevistarán en las próximas horas, a la Dra. Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego para ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación fue oportunamente enviado por el presidente Macri para su aprobación. La Dra. Weinberg ostenta entre sus apariciones públicas una afirmación que colisiona con el paradigma actual constitucional sobre derechos humanos.

En un reportaje, efectuado por el colectivo “Voices of Rwanda Tribunal” el 27 de octubre de 2008, cuando culminaba su labor como magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en Arusha, Tanzania, la candidata de Mauricio Macri criticó los procesos penales por el genocidio de 800.000 tutsis a mano del gobierno de hutus. Refiriéndose a los juicios en los que intervino, señaló: “Tengo el sentimiento de que es justicia de un solo lado; no tan diferente de la justicia en mi país, pero en Argentina también hubo justicia de un solo lado, y eso no está bien (sic)”.

Dos tercios de los presentes se requieren para aprobar el pliego de la candidata a encabezar los fiscales argentinos. Senadoras y senadores que probablemente le preguntarán en la entrevista “a qué otro lado se refería…”, aunque nadie puede dudar a esta altura del partido, que la Dra. Weinberg de Roca considera que el “otro lado” es el de la teoría de los dos demonios, desconociendo seguramente que en todo genocidio hay uno sólo, el genocida. (Fuente: Página/12)

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