#OpiniónEl movimiento sindical como vanguardia

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El acto de celebración del Día Internacional del Trabajo se transformó en una nueva expresión colectiva de lucha por las legítimas reivindicaciones de la clase obrera, en un contexto de salvaje y desembozada contraofensiva del bloque conservador.

No en vano la última medición estadística establece una tasa de desocupación del 9,3%, producto de la sistemática eliminación de más de 37.000 puestos de trabajo en los últimos tres años por parte del gran capital, que ajustó a la baja su ecuación de costos sacrificando el empleo en aras de la tan mentada rentabilidad.

Los responsables de este auténtico desquicio se rasgan las vestiduras alegando problemas de competitividad y atribuyendo la caída de la tasa de empleo en buena medida a los costos salariales, lo cual constituye una grosera falacia.

En una particular coyuntura de año preelectoral en la cual los dos principales desafíos son la ronda más grande de Consejo de Salarios de la historia y la última Rendición de Cuentas del actual período de gobierno, el movimiento sindical se paró firme, agitando sus banderas históricas de trabajo, salario y justicia social.

En ese marco, los discursos pronunciados en el estrado emplazado en la Plaza Mártires de Chicago, denunciaron la mezquindad de las patronales y su intento de chantaje usufructuando el momento crítico del mercado laboral.

Una de las intervenciones más celebradas fue la del secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Oscar Andrade, quien criticó enérgicamente la sensación térmica de crisis que ha instalado el estamento empresarial en connivencia con el oligopolio mediático, con el propósito de afectar la negociación colectiva.

Al respecto, el orador afirmó que hay empresarios afines a la “poda salarial y la disponibilidad arbitraria. No es casualidad que ante la Rendición de Cuentas y negociación colectiva pareciera que Uruguay se está cayendo a pedazos”.

En tal sentido, ironizó en torno a las reiteradas quejas del capital, afirmando que a los sectores empresariales “dan ganas de mandarlos al Mides para que les den una canasta de alimentos”.

Para refutar el apócrifo discurso conservador, Andrade se preguntó “cómo es posible que la recaudación de IRPF franja 1 que grava la renta empresarial cuyo porcentaje no registró cambios, haya pasado de $4.800 millones en 2014 a $8.400 millones en 2017”.

Paralelamente, señaló que la recaudación del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) pasó de $ 28.972 millones en 2014 a $ 50.000 millones en 2017.

La contundencia de ambos números, cuya veracidad es irrefutable, confirma que -más allá de las identificadas dificultades de algunos sectores- la rentabilidad empresarial sigue creciendo.

“Algunos empresarios que son especialistas en exprimir la ubre del Estado, reclaman devolución de impuestos y no pagar las tarifas. Reclaman y se ofenden sobre los $ 1.400 que una mujer pobre recibe por un plan social. Eso es una miseria”, criticó el dirigente sindical.

Empero, al tiempo de reafirmar la voluntad del PIT-CNT de defender las conquistas sociales, Andrade propuso soluciones razonables y tangibles, en función de la realidad del presente.

“Miramos la Rendición de Cuentas como una oportunidad para dar respuesta a demandas que son justas. Es necesario imponer un fuerte shock de inversión publica”, proclamó el orador.

En ese contexto y sin soslayar el abultado déficit de las cuentas públicas, promovió la obtención de recursos mediante un sistema de aportes patronales diferenciales, para que un gran centro comercial no pague lo mismo que un pequeño comercio.

Es evidente que el sistema de aportes a la seguridad social es injusto, en la medida que el aporte patronal, que es del 7,5%, es exactamente la mitad del aporte obrero, que paga el 15%.

En los países en los cuales rigen los denominados Estados de Bienestar como Finlandia, el Estado financia el 50% de los gastos en seguridad social, las empresas pagan el 38% y los trabajadores el 12%.

Es claro que, en el caso de los empleadores, los montos deberían ser progresivos en función del porte de cada empresa, de la productividad y la rentabilidad. Ese criterio sería de estricta justicia y corregiría las inequidades del sistema actual.

Evidentemente, el desarrollo no se mide en meros términos de mercado, sino en la madurez o inmadurez de las sociedades y la de sus actores sociales, en este caso el sector privado.

Resulta de meridiana claridad que, en un sistema capitalista como el nuestro, los empresarios que detentan la propiedad de los medios de producción manipulan las variables de la economía a su antojo, más allá de las aun tímidas regulaciones estatales.

En consecuencia, la marcha del país está condicionada a los caprichos y ambiciones de una oligarquía mezquina y rapaz, que mide todo en términos de ganancia y de apropiación de plusvalía.

El discurso más combativo fue el del dirigente del sindicato de UTE, Gonzalo Castelgrande, quien, al tiempo de criticar al gobierno y reclamar la rebaja de la tarifa eléctrica, demandó aumentar la carga impositiva sobre los sectores de mayor poder contributivo. “Hay que rascar donde pique. La estructura de la clase de poder de este país no se tocó. Los ricachones se han enriquecido en este país y se han envalentonado”, sentenció.

Si bien algunos pasajes del discurso del gremialista molestaron al oficialismo, es evidente que al dirigente no le faltó razón cuando afirmó que la clase dominante sigue ostentando el monopolio del poder económico.

Obviamente, esta aseveración no supone desconocer, en modo alguno, los sustantivos avances registrados durante los tres gobiernos progresistas, en materia de derechos, inversión en políticas sociales y abatimiento de la tasa de pobreza e indigencia, más allá del significativo incremento de los salarios y las jubilaciones en términos reales, entre otras mejoras.

Por más que el movimiento obrero sea crítico, acorde a su reconocida independencia de clase, estará siempre en la trinchera para defender sin claudicaciones lo conquistado de estos últimos trece años.

No obstante, es cierto que existen visibles afinidades entre los sindicatos y los gobiernos del Frente Amplio, que nacen de concepciones ideológicas y banderas históricas comunes.

Por supuesto, esas mismas afinidades se verifican entre las cámaras empresariales y los gobiernos de derecha, que comparten el mismo proyecto de país basado en el modelo capitalista concentrador y en la desregulación de mercado.

En un país donde casi el 50% de los trabajadores percibe menos de 20.000 pesos mensuales, el desafío es seguir luchando para quebrarle el espinazo a la explotación laboral y la inequidad.

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