#OpiniónEn Uruguay tenemos futuro porque construimos presente

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Parecería que hay quienes no se dan por enterados que este país creció durante los trece años de gobiernos frenteamplistas como nunca antes en su historia. El desarrollo que vivimos no es una ocurrencia ni un eslogan publicitario. De ello dan cuenta todos los estudios abordados con seriedad y que ponen a nuestro país como ejemplo de crecimiento con inclusión en publicaciones de todo el mundo. La actividad agropecuaria no es ajena a esa expansión. En los últimos trece años acumulados, la actividad agropecuaria de nuestro país ha logrado modernizarse e ingresar en los mercados más exigentes, ha obtenido niveles de rendimiento y producción inimaginable poco tiempo atrás y ha visto cómo el valor de la hectárea se ha multiplicado. Son verdades irrefutables. Todo ello no niega el constante desafío de ser competitivos en un mundo comercial que no da tregua. Nuestro país tiene centenares de políticas en marcha que le permitieron salir del estancamiento y una situación de verdadera ruina como la que se encontraba Uruguay hace poco más de diez años. Algunos ejemplos:

  • Desde 2006 -cuando la trazabilidad del ganado se transforma en obligatoria- y hasta 2013 se invirtieron 80 millones de dólares con ese fin, requisito para ingresar a los mercados más exigentes.
  • En los últimos cinco años se aportaron cerca de 50 millones de dólares en préstamos no reembolsables para 7.000 productores rurales.
  • Las cooperativas rurales y la Liga de Fomento Rural, han recibido apoyos económicos directos para su desarrollo y profesionalización.
  • La inagotable actividad del Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir), se ha visto profundizada en nuestros gobiernos.
  • Ante las sequías se compró ración y el MGAP la distribuyó entre los productores más afectados, Operativo Sequía Fondo Agropecuario de Emergencia.
  • El Proyecto de Ganadería Familiar y Cambio Climático ha apoyado subsidiando a cientos de emprendimientos rurales.
  • La perspectiva de género para fomentar cientos de emprendimientos productivos rurales, como lo ha hecho el Instituto de Colonización.

Las soluciones se intentan para todos los sectores dentro de la heterogeneidad existente en el Agro, en especial para los que se encuentran en situaciones más vulnerables. El Parlamento Nacional dio aprobación a dos proyectos de ley vinculados al agro: la creación de un fondo de garantía para deudas del sector lechero y la devolución del IVA en la adquisición del gasoil productivo. Analicemos brevemente estas medidas.

  • El Fondo de Garantía para deudas del sector lechero tiene como objetivos contribuir a reestructurar deudas en el largo plazo, así como el otorgamiento de fondos de libre disponibilidad no reembolsables para los productores que remitan menos de 480 mil litros por año. A su vez se busca garantizar proyectos, mejorando su eficiencia y competitividad ante la contingencia de los ciclos de precios internacionales. A pesar que el sector lechero creció un 6,5% en 2017 no desoímos sus dificultades.
  • La devolución del IVA al gasoil para el sector rurales en régimen transitorio aplicable a las adquisiciones de gasoil para productores de leche, arroz, flores, frutas y hortalizas que no tributen el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Esta medida puede hacerse efectiva a partir del 1º de marzo y por el plazo de un año.

El costo país es otro de los reclamos recurrentes, en torno al que muchas veces se dan cifras inexactas. Lo cierto es que los niveles impositivos al Agro no aumentaron, se han mantenido en el eje del 8% de su valor bruto de producción en los últimos 15 años, a pesar de la multiplicación de la renta en ese sector. El terrorismo verbal y la desinformación no contribuyen a las soluciones, solo intentan preservar centenarios privilegios. A nadie escapa que producir implica obligaciones y costos. En este contexto es oportuno expresar que la formalización del trabajo, en sectores que tradicionalmente fue inexistente el respeto a las normas laborales, lógicamente genera “costos”. Ahora todos los sectores deben respetar las normas laborales, los empleados deben estar registrados en el BPS y se deben respetar laudos que antes tampoco existían. Los derechos laborales no pueden ser la variable de ajuste para ser más competitivos. Los sectores que abogan por este tipo de cosas viven en una realidad que no debería tener nunca más cabida en nuestro país, y están en las antípodas de nuestra concepción política y social. Otro de los datos que no ha tenido la trascendencia pública necesaria en esta discusión es que en 2016 los productores pagaron más de 600 millones de dólares por concepto de arrendamiento mientras que por impuestos tributaron aproximadamente 254 millones de dólares. Claramente, los costos totales de los productores rurales están determinados en más del doble por el pago a los terratenientes en comparación a los tributos estatales. Sin embargo, se reclama a viva voz para que se reduzcan los impuestos y se retire la Contribución Inmobiliaria Rural al terrateniente y se calla sobre el costo de arriendo que éste fija. Vaya paradoja. Nuestro gobierno no para de trabajar y dialogar para encontrar soluciones que contribuyan a generar más desarrollo, más distribución y más inclusión. Nuestro gobierno no pega portazos ni se maneja por titulares. Nuestro gobierno no confunde mochilas con desafíos. Nuestro gobierno trabaja para construir soluciones que no se quedan en simples señales. No debemos dejar que nos ganen quienes fogonean el cuanto peor, mejor. No debemos dejar que nos contagien de pesimismo. Es innegable que en Uruguay tenemos futuro porque construimos presente.

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