#Opinión10 años del Inale: regular es necesario para hacer justicia y garantizar soberanía

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El 12 de junio se conmemoraron 10 años de la creación del Instituto Nacional de la Leche (Inale), entidad reguladora del proceso productivo de la cadena lechera. La realidad de este Instituto, creado por la Ley 18242, es fruto de la necesidad de superar las contradicciones emanadas de un sistema de libre competencia que tendía a hacer pedazos los esfuerzos organizativos del sector lechero.

Haciendo un poco de historia, recordamos bien cómo las empresas multinacionales comenzaron a actuar en el mercado lácteo nacional aprovechando las políticas neoliberales que los militares habían impulsado durante la dictadura. Así entró en escena la tristemente célebre “Parmalat”, violando la ley de cuotas asignada al mercado de Montevideo.

Ese proceso de políticas neoliberales continuó desarrollándose tras la reapertura democrática de 1985, pero llevado adelante por los partidos tradicionales. El remate lo dio Jorge Batlle durante su gobierno cuando modificó la “ley de Conaprole”, sacando a los tres directores de confianza del Poder Ejecutivo.

Cuando el Frente Amplio (FA) asumió el gobierno en 2005, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se inició un proceso de discusión profunda con todos los actores de la cadena láctea nacional: gremiales de productores, industrias y queseros artesanales. Desde entonces se generó conciencia de la importancia del complejo lácteo nacional como herramienta para desarrollar una lechería en un país libre y soberano.

La Ley 18.242 ha generado un marco normativo claro para la regulación, la formación y el desarrollo de la cadena láctea. A medida que se ha desarrollado y mediante programas de asistencia, el Inale ha ido logrando el fortalecimiento de las organizaciones de productores, asegurando la efectiva participación de estas en los distintos planes y programas sectoriales. Es el articulador entre los agentes de la cadena, junto a las instituciones de investigación, tecnología, genética y capacitación; y elabora programas para facilitar el acceso a tierras a los productores familiares.

Mediante esta Ley se ha sistematizado la disponibilidad de información actualizada del sector lechero, elemento necesario para la implementación de políticas diferenciadas y orientadas hacia una justicia distributiva en la cadena. Esta Ley ha sido el instrumento que el gobierno del FA ha encontrado para combatir las injusticias de un sistema desleal por naturaleza, en el que el gran capital no deja subsistir al pequeño y lo ahogaría si no existiera cierta regulación.

No obstante, la norma de por sí no lo es todo, y las instituciones dirigidas sin rumbo concreto pueden dejar de ser válidas. El Estado crea herramientas, pero es necesario que la sociedad en su conjunto se identifique con ellas y las haga suyas a través de la acción consciente y organizada.

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