#OpiniónUna mujer que vivió el drama le responde a la vicepresidenta argentina

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“Mi hija lo pasó y le puedo decir que sí, que es un drama. Nadie tiene el derecho de obligar a una nena de 9 o 10 años que fue violada, o si tiene 40 es lo mismo, a seguir con ese embarazo que ella no buscó. Ni la vicepresidenta ni nadie”.

La respuesta a los dichos de Gabriela Michetti es de Vicenta F., la mamá de LMR, una adolescente con discapacidad mental que quedó embarazada como consecuencia de abusos sexuales y a la que se obligó, en 2006, a peregrinar por tribunales y hospitales para poder acceder a un aborto no punible. Vicenta habló con Página/12.

Por su caso, el Estado argentino fue condenado en 2011 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El organismo consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven, equiparó con “tortura, tratos crueles e inhumanos” la pretensión de obligarla a seguir con esa gestación, ordenó al país a proporcionarle “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y a “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”.

Al enterarse de las declaraciones de la vicepresidenta publicadas en el diario La Nación, ayer, Vicenta se indignó. Michetti dijo que está en contra del aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación, como está contemplado en el Código Penal desde 1921. “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé”, dijo la vicepresidenta, como solución.

“Como no va a ser dramático. Hasta yo tuve que seguir un tratamiento psicológico para poder acompañar a mi hija. Fue muy doloroso lo que vivimos. No es como lo dice la vicepresidenta. Mi hija necesitó mucho tiempo psicóloga”, agregó Vicenta.

LMR tiene ahora 30 años. Vive con su mamá, de 63, en un barrio humilde de la localidad bonaerense de Guernica. La provincia de Buenos Aires le pagó con cierta intermitencia subsidios para que pudiera continuar estudiando y finalmente, en 2014, una reparación económica, en cumplimiento con el dictamen del CDH. Los sábados, LMR toma clases particulares de dibujo. De lunes a viernes va a un centro de día, donde recibe capacitación laboral.

La hija menor de Vicenta tenía 19 años y una edad mental de 10, cuando fue abusada sexualmente por un tío, en 2006, y quedó embarazada. Vicenta, una mujer muy pobre y entonces analfabeta, reclamó un aborto no punible en el Hospital San Martín de La Plata. Pero la jueza de Menores Inés Siro intervino y prohibió la interrupción del embarazo.

El pedido de la adolescente recorrió todas las instancias judiciales y llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial, dado que se trataba de un aborto no punible. Treinta y siete días demoró ese tortuoso camino legal, innecesario. Pero LMR no consiguió, aun con la sentencia del máximo tribunal de la provincia, que le realizaran el aborto en un hospital público. Con el apoyo de organizaciones de mujeres, finalmente accedió a la intervención en una clínica privada. La gestación llevaba casi veinte semanas.

Por estos días, Vicenta está yendo a su trabajo, como auxiliar en una escuela, con el pañuelo verde. “Ojalá que salga la ley para que ninguna otra familia pobre pase por lo mismo que nosotras. Y se permita que una sea libre de elegir. Hay muchas mujeres que quedan embarazadas sin quererlo, aunque no sean violadas, porque no saben cómo cuidarse”, dice la mujer a este diario. “En el barrio me entero que hay chicas que se hacen abortos todavía con agujas de tejer. Y después llegan al hospital con grandes infecciones.

Nadie quiere esperar hasta las 14 semanas para abortar. Se debería hacer el aborto apenas una se entera que está embarazada y no lo quiere continuar. Mi hija estuvo varias veces internada en el Hospital San Martín de La Plata y la mandaban de vuelta a casa, nos decían que necesitaba otro permiso y otro”, recordó. Cuando se enteró de la media sanción en Diputados de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, el 14 de junio, “compré una pizza y festejamos en casa”, contó Vicenta, emocionada.

La familia de LMR sufrió también presiones de sectores vinculados a la Iglesia Católica. Hasta el entonces rector de la Universidad Católica de La Plata, Ricardo Manuel de la Torre, fue personalmente hasta su casa, para ofrecerles dinero para que la adolescente continuara con el embarazo y diera al nacido en adopción. Igual que como dice Michetti.

Por el caso de LMR, el CDH dictaminó que la judicialización de su pedido de aborto no punible constituyó “una injerencia arbitraria” del Estado (artículo 17, párrafo 1º del Pacto) y debe ser considerada una violación del derecho a la intimidad de la joven.

También entendió que la obligación impuesta de continuar con el embarazo, a pesar de estar amparada por el artículo 86, inciso 2º del Código Penal, causó a la adolescente “un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto, tanto más grave cuanto que se trataba de una joven con discapacidad mental”. El artículo 7 dice que “nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”. En ese sentido, el CDH recordó que “el derecho protegido” en ese artículo “no sólo hace referencia al dolor físico sino también al sufrimiento moral”.

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