#OpiniónLa ofensiva de la derecha patronal

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En medio de un clima enrarecido por la radicalización de los denominados productores auto-convocados y por la actitud de la derecha de intentar instalar en la opinión pública la percepción que el país está en crisis, el Poder Ejecutivo se apresta a convocar la última ronda de Consejos de Salarios de este quinquenio. Así lo corroboran las reflexiones formuladas por el líder nacionalista senador Luis Lacalle Pou en una presentación realizada en la Torre de las Telecomunicaciones. “La gente está enojada y hay que entenderla y aceptarlo. Hay que ponerse en los zapatos de ellos. Los gobernantes deberían tratar de actuar en consecuencia. El que no tolere el enojo de la gente con los políticos que se dedique a otra cosa”, afirmó el orador, en obvia alusión al altercado que protagonizó Tabaré Vázquez con un grupo de desubicados. El deliberado error de Lacalle es considerar que ese grupúsculo de exaltados representa el sentir de la mayoría de la sociedad uruguaya, que obviamente no está en la misma sintonía. Es evidente que quienes participaron en el entredicho con el Presidente de la República -que no sumaban más de veinte- no representan a nadie, aunque sí están infiltrados por operadores políticos que actúan entre bambalinas. La falacia que el país está en crisis aunque realmente no lo esté, es funcional a los intereses del sector empresarial, que concurrirá este año a los ámbitos de negociación colectiva con una postura, como siempre, intransigente. En tal sentido, el propio movimiento denominado “Un solo Uruguay” se transforma con sus reclamos- que fueron atendidos parcialmente por el gobierno- en parte del bloque conservador que intentará hacerse fuerte en esta ronda salarial. No en vano su plataforma coincide con la de las cámaras empresariales, en lo atinente al abatimiento del gasto público, la reducción del peso del Estado, la incidencia de los costos salariales, los problemas de competitividad y el trillado sonsonete del atraso cambiario, entre otros reclamos. Son demasiadas las afinidades para ser casuales. El paquete de reivindicaciones de los productores rurales movilizados no menciona en ningún momento los salarios de los trabajadores del sector, como si ello no interesara. No obstante, aunque no se explicite, cuando se alude a los costos también se cuestionan las mejoras recibidas por los peones, en el marco de la inédita negociación colectiva iniciada hace apenas diez años en el campo. Obviamente, cuando en el pasado no existía la limitación del horario de trabajo ni tampoco había laudos salariales, el negocio era bastante más rentable para las poderosas patronales del agro. Con referencia a la negociación salarial, Lacalle Pou afirmó que esta ronda “llega en un contexto particular, que deja menos margen de maniobra para los tres grandes actores: trabajadores, empleadores y Estado”. Al respecto, puntualizó que el contexto indica que hay “un déficit fiscal que sigue muy alto, baja probabilidad de mejorar la recaudación por crecimiento, un crecimiento económico sin creación de empleo y pérdida de competitividad, entre otros factores”. Si uno no supiera a priori quien formuló estas subjetivas apreciaciones sobre la actual coyuntura del país, se podría suponer que se trata de algún representante de una cámara empresarial. En ese contexto, en víspera de la inminente convocatoria de los 205 grupos y sub-grupos de actividad que negociarán salarios, el Presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, reclamó hacer hincapié en que se priorice el mantenimiento de las fuentes de trabajo, en detrimento de las retribuciones de los trabajadores. Para el empresario, el “techo” de los futuros ajustes debería ser la inflación y en los sectores que lo puedan dar. Hay otros que no van a poder dar ni eso”, proclamó elocuentemente. Estas definiciones, que son naturalmente representativas del pensamiento generalizado de las cámaras que aglutinan a los propietarios privados de los medios de producción, anticipan que habrá conflictividad. Resulta de meridiana claridad que la clase dominante que detenta el control de las variables del mercado de trabajo, se prepara para reanudar su operativo de terrorismo verbal e intimidación, con el propósito de abatir los costos mediante una rebaja salarial. Esta actitud es parte de una sistemática estrategia de deliberada e inmoral destrucción de puestos de trabajo, lo cual es avalado por la tasa de desocupación correspondiente al mes de enero, que trepó al 8,5% de la población económicamente activa. Este escenario es consecuente con la prédica del sector empleador, que sigue extorsionando al gobierno y a toda la sociedad, atribuyendo la pérdida de puestos de empleo a los proclamados problemas de competitividad. Por supuesto, es radicalmente opuesta la tesis del movimiento sindical. En efecto, un documento elaborado recientemente por el Instituto Cuesta Duarte propone volver a un sistema de indexación salarial y a una pauta que incluya el componente asegurado de inflación más un crecimiento real, cuyas características deberán ser definidas a nivel sectorial. La demanda, que recoge un reclamo de estricta justicia de los trabajadores organizados, no coincide tampoco con los criterios restrictivos del propio Poder Ejecutivo, que propone, como en la ronda anterior, ajustes salariales nominales. Es bien sabido que cuando a la clase empresarial no le cierra la ecuación de rentabilidad de acuerdo a su gusto y paladar, la primera variable de ajuste es el empleo. Esa previsible conducta tiene consecuencias económicas y sociales pero también psicológicas, que bien pueden incidir en la actitud de la clase trabajadora en el momento de negociar. En esas circunstancias, la histórica pulseada entre capital y trabajo se transforma en un territorio plagado de tensiones y condicionado por la refractaria y visceral postura de quienes ostentan el poder de decidir sobre el destino de los asalariados. Estos señores, que cuestionan la negociación tripartita y han reclamado su eliminación y la instauración de un sistema bipartito sin participación del Estado, aspiran a regresar al ruinoso pasado de desregulación, que rigió durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y la paupérrima administración de Jorge Batlle. Por eso, apuestan al triunfo electoral del bloque conservador y a la restauración del statu quo vigente hasta 2004, que condujo a la peor crisis de nuestro pasado reciente. Evidentemente, parecen no haber aprendido nada de las duras lecciones de la historia y del drama que azotó al pueblo uruguayo en el dantesco año 2002.

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