"Se espera que la justicia también prevalezca en el caso triplex"Lula es declarado inocente de obstrucción de justicia

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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue hallado inocente el jueves de obstrucción de la justicia, en uno de varios casos contra el dirigente político encarcelado.

La decisión no sorprende del todo ya que la misma fiscalía había pedido al juez exonerar a Lula, aseverando que no había evidencias de que el exmandatario intentó interferir en una investigación de corrupción de la compañía petrolera estatal Petrobras.

El encausamiento original acusaba a Lula y a otros de intentar comprar el silencio de un exejecutivo de Petrobras.

Sin embargo, el juez Ricardo Augusto Soares Leite determinó el jueves que no hay pruebas fehacientes de la culpabilidad del exmandatario. Las declaraciones de algunos testigos contra Lula, incluso algunos que cooperaron con la fiscalía, no eran del todo confiables, agregó.

“Hay innumerables posibilidades y circunstancias sobre lo que pudo haber sucedido”, escribió el magistrado.

Los abogados de Lula aplaudieron la decisión y opinaron que el razonamiento usado por el juez podría replicarse en el caso por el cual el expresidente fue convicto el año pasado.

En ese caso, Lula fue condenado por intercambiar favores con una compañía constructora también involucrada en el escándalo a cambio de la promesa de un departamento frente al mar.

“Se espera que la justicia también prevalezca en el caso triplex para recuperar la libertad plena de Lula”, dijo en un comunicado el abogado Cristiano Zanin Martins.

Ambos casos fueron parte de la investigación Autolavado, donde los fiscales alegan que políticos ofrecieron favores en contratos estatales a compañías a cambio de sobornos y contribuciones de campaña.

Lula actualmente cumple sentencia por otros cargos de corrupción y todavía se enfrenta a más.

No avanza la investigación sobre el asesinato de Marielle Franco

“La ausencia de avances en la investigación sobre el asesinato de la defensora de los derechos humanos y concejala del ayuntamiento de Río de Janeiro Marielle Franco y de su chófer Anderson Gomes el 14 de marzo cuestiona la credibilidad del sistema de justicia penal de Brasil”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, cuatro meses después de estas muertes.

“Después de cuatro meses, el hecho de que el asesinato de Marielle Franco siga sin resolver demuestra la ineficacia y aparente falta de voluntad de las instituciones del sistema de justicia penal brasileño para resolver el caso. Es urgente que un mecanismo externo e independiente monitoree las actuaciones”, dijo Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional Brasil.

“El secreto y la confidencialidad concebidos para garantizar la eficacia de la investigación no pueden servir de cortina de humo para el silencio de las autoridades responsables de aclarar los hechos que rodean el asesinato de Marielle. Debemos identificar y exigir cuentas no sólo a quienes hicieron los disparos, sino también a quienes ordenaron el crimen, además de determinar el móvil de éste”.

La investigación no ha aclarado aún las informaciones aparecidas en los medios de comunicación según las cuales unas cámaras de seguridad enfocadas hacia el lugar del delito fueron apagadas la víspera del atentado y las balas disparadas eran parte de un lote vendido a la Policía Federal brasileña. Según informes, el arma utilizada en el asesinato fue una ametralladora de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, y se había denunciado la desaparición de armas del mismo modelo del arsenal de la Policía Civil. La forma en que se cometió el asesinato y la precisión de los disparos realizados indican también la posibilidad de que algunos de los perpetradores tuvieran adiestramiento especializado.

La prensa brasileña informó de que el presidente Michel Temer había mantenido una reunión en mayo con el ministro de la Seguridad Pública Raul Jungmann y el general Walter Braga Netto, oficial al mando de la intervención militar en la seguridad pública de Río de Janeiro, en la que presuntamente acordaron un pacto de silencio en torno al caso para respaldar a la división de Homicidios de la Policía Civil, que dirige la investigación.

“La no resolución de este caso indica la falta de compromiso del Estado brasileño con los defensores y las defensoras de los derechos humanos. El hecho de que una defensora de los derechos humanos tan conocida pueda ser asesinada sin que las autoridades respondan con firmeza pone a otras personas en peligro”, añadió Werneck.

“En vida, Marielle siempre defendió la justicia y luchó contra la violencia del Estado. Presionar para que se resuelva este crimen es una forma de mantener vivos su lucha por los derechos humanos, su legado y su recuerdo”

Nacida y criada en la favela Maré de Río, Marielle era socióloga y tenía una maestría en Administración Pública, y comenzó a trabajar en derechos humanos en 2000, tras la muerte de una amiga en un tiroteo en el barrio donde vivían. En 2007 se incorporó a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía del órgano legislativo del estado de Río.

Durante los diez años que estuvo en la Comisión, Marielle apoyó a las familias de víctimas de homicidio y a las de agentes de policía muertos en acto de servicio, además de trabajar sobre otras cuestiones, como el derecho a una vivienda adecuada. En 2016 fue elegida concejala con el quinto número de votos más alto del municipio. Como concejala defendió a las mujeres, a las personas LGBTI y a la juventud negra de las favelas.

Poco antes de ser asesinada, fue nombrada relatora de la comisión municipal encargada de monitorear la intervención federal en la seguridad pública de Río. Marielle se oponía a la intervención y a las tácticas de confrontación empleadas por las fuerzas de seguridad, denunció a menudo violaciones de derechos humanos y mantenía una estrecha relación con movimientos sociales.

Desde el 14 de marzo, Amnistía Internacional ha exigido en reiteradas ocasiones a las autoridades que garanticen una investigación rápida, exhaustiva, imparcial e independiente sobre los asesinatos de Marielle y Anderson.

En los últimos cuatro meses, más de 100.000 personas de países como Argentina, Brasil, Canadá, España, Italia, Perú, Portugal y Suecia han firmado una petición en la que reclaman una investigación adecuada y que se haga justicia para Marielle y Anderson. Además, Amnistía Internacional ha organizado sendas manifestaciones frente a la división de Homicidios de la Policía Civil de Río, el Departamento de Seguridad Pública del estado y la fiscalía del estado de Río.

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