#IdearioMéxico inicia la guerra de los futuros damnificados del próximo régimen

Ugo Codevilla, analista

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A un mes de concluida las elecciones y anunciada la reducción de salarios a los más altos funcionarios, se encendió una polémica ríspida avivada por aquellos que se verán perjudicados, empezando por los magistrados de la Suprema Corte, que perciben aproximadamente 600 mil pesos mensuales (30 mil dólares) más un sinfín de prerrogativas (coches blindados, guardaespaldas, celulares, diversos gastos VIP).

 

El anuncio del presidente electo de que se reduciría el sueldo y las prestaciones que goza el actual (pasará de 270 mil a 108 mil pesos), más el compromiso de hacer cumplir la Constitución, provocó una airada respuesta de los afectados. La Carta Magna ordena que ningún empleado público pueda ganar más que el jefe del Ejecutivo. Con el nuevo ingreso presidencial, las percepciones de 35 mil funcionarios las superarían. La decisión despertó un singular encono iniciado en la Suprema Corte y repetido en el Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros perciben 300 mil pesos mensuales más un kit de canonjías millonarias.

 

Nos interesa abundar en estos dos casos emblemáticos. En cuanto a los magistrados, argumentan -sin ruborizarse- que sus ingresos son indispensables para realizar su función eficientemente y evitar la corrupción. Sin embargo, no explican por qué México posee un pésimo sistema jurídico donde solamente se sentencia el 2% de los delitos encauzados, que son la mitad de los ocurridos. La gente se niega a denunciar lo que no se resolverá en esa estructura, convirtiendo al país en uno de los más inseguros del planeta.

 

La otra inconsistencia de la queja “magistral”, es la evidente contraposición a los mandamientos constitucionales. Si el actual presidente gana 270 mil pesos y ellos 600, ¿cómo se interpreta la legislación que exige que el salario máximo del aparato gubernamental sea el del mandatario? Como dijo Albus Dumbledore (el director de Hogwarts), la palabra es una inagotable fuente de magia. En verdad, tal premio es posible por adoptar una actitud sumisa ante el gobernante en turno y sus negocios.

 

En cuanto a los consejeros electorales, es un asunto filoso ya que supone un conflicto irresoluble en primera instancia.

Los problemas electorales en México comienzan al acabarse el sistema de partido único (López Portillo, 1976-1982). Desde ese momento, la costumbre de que el presidente saliente elegía a su sucesor se solucionó con irregularidades comiciales e intimidación. En 1988, el país se dividió y los neoliberales comandados por Carlos Salinas de Gortari, ganaron las elecciones a los que se propusieron impedir la continuación del ese modelo inaugurado en 1982, gracias a un brutal fraude. Orillados a conseguir credibilidad, concedieron una mayor participación de la oposición en el gobierno; es cuando nace el cogobierno PRI-PAN, este último, un partido particularmente anti-revolucionario y cristero. En términos electorales se funda el Instituto Federal Electoral (1990) el precedente del INE, encargado de organizar los comicios, una atribución que antes poseía la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). En esos días se resuelve que los partidos políticos recibirían prerrogativas para funcionar, lo que en verdad era aventar dinero a propósito de corromper a los dirigentes.

 

Con el tiempo, el IFE consiguió una mayor independencia (1996). Desde esa fecha lo controlan nueve consejeros elegidos por la Cámara baja, creando un Tribunal Federal Electoral que arbitra las elecciones y sus conclusiones son inapelables. Una enorme estructura que incluye la instancia persecutora de los delitos electorales, FEPADE. Pese a tanta parafernalia y derroche, no se pudo evitar el fraude cometido por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es más, si Andrés Manuel triunfó, fue debido a una votación incontenible que alcanzó el 53% de los sufragios emitidos. Intentar realizar un robo electoral en esas circunstancias, hubiese sido una tarea descomunal semejante a un golpe de Estado.

 

Ante el éxito irrefutable de AMLO, el consejero presidente del INE salió a decir que, con esa victoria se conjuraba el mito (¡sic!) del fraude. Manera de convalidar los anteriores amaños, así como demostrar la ¿calidad? del INE. En la euforia, subrayó que cuestionar al Instituto era dañar la democracia y abrir paso al autoritarismo. ¡Gulp! Desvergüenza contestada por John Ackerman, doctor en Ciencias Políticas [también asesor destacado del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)], al poner sobre la mesa todas las irregularidades vividas en las elecciones, que señalaban al INE como ineficiente, irresponsable y displicente. Días previos, la encuestadora Parametría había establecido la desconfianza de la ciudadanía en ese organismo en un 60%. Es más, la victoria del tabasqueño la declaró el candidato perdedor José Antonio Meade (PRI), y luego del festejo morenista, cuando se retiraban a conciliar el sueño, saltó el INE a confirmar lo que la Nación ya sabía.

 

Asimismo, el gasto de las pasadas elecciones redondeó los 100 mil millones de pesos (dato conservador), es decir, 80 dólares por voto. Para darnos una idea de lo que cuesta la democracia en México, hay que adicionarle las elecciones intermedias, las estatales, municipales y las prerrogativas que se embolsan los partidos, sin olvidar los fondos ilícitos (por cada peso que gasta el INE otros 15 circulan bajo la mesa). Según el joven Lorenzo Córdova: “La democracia cuesta”.

 

El asunto es que el susodicho tuvo el tupé de defender sus ingresos y el régimen del INE cuyos consejeros perduran nueve años; el consejero presidente seis aunque puede reelegirse. Al saberse ¡derrotados! iniciaron la guerra contra MORENA, en especial contra las medidas anunciadas. La embestida comenzó con el cobro de una grosera multa a la citada orgánica (196 millones de pesos) por un fideicomiso supuestamente ilegal. Fidecomiso (89 millones de pesos) creado a instancias del terremoto ocurrido en 2017, que dañó a Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México. El objetivo era reunir fondos destinados a aliviar a los afectados. Dineros administrados con escrupulosidad, tanto así que no existe la menor prueba de haberse usado para fines electorales, en consecuencia, la acusación del INE fue desechada.

 

Lo cierto es que en este país de discursos inocuos, las promesas del tabasqueño duelen, sobre todo a los promotores de la inequidad. Por tal motivo, buscan venganza sembrando piedras en el camino de nuevo gobierno.

 

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2 Comentarios
  1. paulina dice
    Tengo un comentario… mas… los destruiría…
  2. Giuseppe Palacios dice
    Excelente análisis Ugo, tal cual los hechos y conjeturas. Saludos.

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