#OpiniónTan uruguayos como nosotros

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Para devolver esa igualdad perdida es que se presentó un proyecto (convertido en ley hace pocas horas). Una ley que habilita la instalación de una comisión que analice “las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto de los uruguayos en el exterior”. Dicha instancia separó las aguas claramente entre quienes consideramos compatriotas a la diáspora oriental y los que ven en ellos a residentes extranjeros con derechos limitados a su poder adquisitivo.

Resulta extraño oír argumentos sobre el no pago de impuestos nacionales y/o estar desconectados de la realidad nacional, elementos que -consideran algunos- bastan para negarles sus derechos ciudadanos e inhabilitarlos moralmente para el ejercicio de los mismos.

Basarse en esos argumentos en pleno siglo XXI, cuando las comunicaciones han disparado un cambio de época que será reconocido por los historiadores, parece un contrasentido. Tanto como el tratamiento desigual a quienes conservan -por mandato constitucional- todos sus derechos sin restricciones.

Existen argumentos jurídicos contundentes pero también hay una discusión política a plantearse que refiere al tratamiento que damos a los uruguayos que residen fuera de fronteras.

Lo jurídico

El hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía.

El Dr. Correa Freitas -constitucionalista que se opone a reconocer este derecho- interpreta la carta magna de una manera restrictiva y, además, equivocada. La Constitución establece -en su artículo 81- la necesidad de “avecinarse” e “inscribirse en el Registro Público” para “recuperar el ejercicio de la ciudadanía”, y contrapone ese artículo con lo que expresa el artículo 1 del proyecto aprobado que no contradice dichos requisitos sino que prevé una situación particular que es la de “residir fuera del país”, circunstancia que no impide “el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”. De hecho hoy votan uruguayos residentes en el exterior que se trasladan al país en las instancias electorales, los que, según su interpretación, no podrían.

Pero si esta argumentación se cae con ese dato, la solución que plantea el constitucionalista para salvar el impedimento desconcierta, pues afirma que con un acuerdo político que alcance los ? podría votarse una ley electoral al amparo del numeral 7 del Artículo 77 de la Constitución. Si fuera inconstitucional instrumentar el voto de los uruguayos que están radicados en el exterior, ni siquiera podría instrumentarse su habilitación a través de una ley con mayorías especiales.

¿Acaso el ejercicio del derecho al voto no deriva de la forma republicana de gobierno? Quienes nos afiliamos a la teoría del bloque de constitucionalidad y entendemos que de acuerdo a lo que consagra el Artículo 72 (que no deben hacerse exclusiones para el ejercicio de derechos fundamentales), no podemos compartir que el artículo 1 de la ley sea inconstitucional.

Profusa normativa internacional (que es ley nacional en tanto Uruguay ratificó los acuerdos) consagra el derecho fundamental del sufragio universal e igual y por voto secreto o procedimiento equivalente que garantice la libertad de elección (art. 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos). Todas normas que consagran el derecho a la participación política, el derecho a votar, a ser elegido, explicitando en cada uno de esos instrumentos que no deben plantearse restricciones indebidas.

Por la negativa

Se argumenta por toda la oposición – a excepción de Unidad Popular- que la aprobada norma no solo es inconstitucional, sino -además- inconveniente: aumenta el padrón electoral (?); impone por la fuerza (?) una discusión que ya se habría saldado por un plebiscito que fue rechazado por la población (dicha consulta saldó una propuesta en base al voto epistolar, no tiene nada que ver con lo que se aprobó).

Otro de los argumentos expresados refiere a que los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior no pagan impuestos y están desconectados de la realidad nacional, lo que los inhabilitaría moralmente para ejercer la ciudadanía. Argumentos simplistas y falsos!

Dicha afirmación desconoce la enorme contribución que hacen los uruguayos de la diáspora en remesas y donaciones que llegan cada año. Aportes que tienen por destino a los más vulnerables de nuestra sociedad, o contribuir a paliar los efectos de desastres naturales, por citar algunos ejemplos.

Pero la exclusión por su calidad de aportantes no es admisible en un estado democrático, donde un ciudadano no tiene derecho a voto en función de su capacidad contributiva o en función del conocimiento de la realidad nacional.

Uruguay cuenta hoy con dos centros de investigación científica y tecnológica de excelencia que se construyeron gracias a la gestión y colaboración de uruguayos que residieron en el exterior (CUDIM y el Instituto Pasteur).

En suma, esta norma no hace otra cosa que devolver igualdad en un aspecto donde el país tiene desbalanceados sus derechos ciudadanos. Una visión sesgada que atribuye ideologías a un conjunto de ciudadanos que debieron emigrar un día pero que no reniegan de su nacionalidad al punto de reclamar el ejercicio del sufragio como un ítem más de su condición de uruguayo.

Uruguayos somos todos y reconocerlo, nuestra obligación.

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1 comentario
  1. Mario Conde dice
    Quieren asegurarse el voto de los “revolucionarios de sillón”, esos que quieren expiar su culpa de quedarse viviendo en las sociedades capitalistas donde están cómodamente instalados, pero eso sí, allí calladitos y sin hacer olas! Pero ante sus amigos y familiares acá quieren aparecer como “buenos revolucionarios” militantes de la causa!!! Si tanto quieren contribuír, vénganse al paisito y pongan el hombro!!! Pero es claro, les tira mucho el colachata, la alfombra y la calefacción…

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