Estudiarán cada caso con evaluación del nivel de riesgoViolencia de género: aprueban el nuevo protocolo para custodia

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El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideano firmará un acuerdo con el Ministerio del Interior que incluye varios puntos, entre ellos, cumple con un reclamo histórico de los trabajadores: el pago de nocturnidad, a partir de mayo. Además, los móviles policiales comenzarán a patrullar armados con armas largas, que cumplirán el rol de principal elemento disuasorio ante un delito, antes de recurrir al arma de reglamento. La presidenta del síndico, Patricia Rodríguez, expresó que el acuerdo a firmar incluye novedades en materia de la custodia a las mujeres víctimas de violencia de género. De ahora en más, un nuevo protocolo estipula que cada caso de custodia a una víctima de violencia de género será estudiado cuidadosamente, y tras esta evaluación, el Ministerio del Interior definirá si va un efectivo a cumplir con la guardia -como hasta ahora- o dos. Esta definición será tomada en función de una evaluación del riesgo y nivel de peligrosidad del agresor, así como del contexto del hogar a custodiar, si se trata por ejemplo de zonas de contexto crítico, o donde los policías son agredidos regularmente. Además, hasta ahora los policías que cumplían con roles de custodia no tenían información del caso, ni siquiera conocían la cara del potencial agresor, según Rodríguez. De ahora en más, el protocolo estipula que los policías encargados de la custodia deben ser puestos al tanto del perfil del agresor, si tiene antecedentes, cuál es el grado de peligrosidad, y por qué está imputado en el caso de violencia de género. Refugios El sindicato de trabajadores policiales consideró favorable que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social trabajen en la posibilidad de la creación de refugios específicos para mujeres amenazadas por sus ex parejas, que permitan el cumplimiento del rol de custodia a cabalidad en casos críticos. Asimismo, Rodríguez expresó que están de acuerdo con la medida alternativa de prisión domiciliaria para el agresor en los casos de violencia doméstica, cuando aún no se ha dictado sentencia definitiva.

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