Intendente electo Lima. La gestión de Coutinho en la miraAuditoría y denuncia penal

El intendente electo de Salto Andrés Lima confirmó a LA REPUBLICA que las irregularidades que paulatinamente aparecen en la administración departamental que está terminando y que llevó adelante el colorado Germán Coutinho será motivo de una denuncia penal “que presentaremos una vez que culmine una auditoría externa y privada que instalaremos apenas asumamos”.

Los electos jerarcas asumirán el próximo 10 de julio y se estima que la auditoría demandará unos 3 meses de investigación y relevamiento.

Lima, del Frente Amplio, comentó que día a día se detectan hechos que ameritan una “profunda investigación” de decisiones políticas que, incluso, pasaron por la Junta departamental y que aún así estuvieron teñidas de irregularidades.

“Hay partidas de dinero sin justificar, no se rindieron cuentas en gastos y hasta hay fideicomisos que o pasaron por el debate y votación imprescindible en la Junta Departamental”, ilustró Lima.

Lima está convencido de llevar adelante una denuncia penal contra las autoridades de la intendencia “y la vamos a presentar con los abogados correspondientes” detalló. Uno de esos abogados será el que ya reviste en la intendencia de Salto en el área jurídica.

La denuncia penal será tanto contra el ex intendente Germán Coutinho, hoy senador, y la ex secretaria de la intendencia, la actual diputada de Vamos Uruguay, Cecilia Eguiluz.

Lima denunció en su momento que la administración que se está despidiendo en la intendencia salteña “se ha quedado con las retenciones de los funcionarios y le ha dado destinos distintos” y que según entiende “eso es apropiación indebida y ameritaría una denuncia penal”.

Desde el entorno del jefe departamental electo se indicó en los últimos días que el delito de “apropiación indebida” se habría configurado a raíz de que la gestión colorada en la intendencia de Salto es la “responsable de realizar las retenciones a los salarios de los trabajadores para pagar pensiones alimenticias, el Banco de Previsión Social o préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay” y que esos fondos retenidos no se destinaron a esas cuentas.

Por estos casos y por otros que paulatinamente comienzan a develarse en las arcas salteñas, “es que el Fondo para el Desarrollo del Interior (FDI; una oficina dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto OPP) es que retuvo y cortó las partidas para la intendencia”, destacó Lima a LA REPUBLICA.

El programa del Fondo de Desarrollo del Interior administró en el pasado año unos 45 millones de dólares para las 18 intendencias del interior del país.

Fundamentalmente co-financia la inversión de los proyectos junto con las intendencias, en una proporción donde el FDI paga el 85% de la inversión y las intendencias aportan el 15% como contraparte.

La menor ejecución de esos programas en el pasado año se registró precisamente en Salto, donde el ex intendente Coutinho ejecutó solo el 36% de lo programado. De los 77 millones de pesos disponibles, para fin de año último quedaron algo más de 49 millones sin ejecutar.

Además, en proyectos de inversión que vienen de años anteriores, también hay una baja ejecución en algunos importantes como la mejora vial y urbana del eje vial Carlos Reyles para lo que se disponía de más de 52 millones de pesos. A diciembre pasado, la ejecución del proyecto en Salto era 0%, igual que la mejora urbana de barrios en la zona Este, con más de 43 millones de pesos.

El FDI realiza un control mensual de la evolución de los proyectos y su grado de ejecución.
A nivel de los trabajadores, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS) ya presentó una denuncia contra la administración de Germán Coutinho por considerar que la intendencia fue responsable de generar “morosidad” con los trabajadores.

Doble desafuero

La denuncia penal que se llevará adelante contra los ex jerarcas de la intendencia de Salto se topará con el bloqueo jurídico que ostentan tanto Germán Coutinho como Cecilia Eguliz. Al ser ambos legisladores, están amparados por los fueros parlamentarios. Es la primera vez en la historia moderna del país que pesará sobre dos legisladores en actividad una denuncia penal y, también estadísticamente, son muy particulares los casos en que los integrantes del Poder Legislativo acceden a que los legisladores denunciados se les suspendan los fueros para así respondan a la Justicia.

Nueve pedidos de desafuero fueron remitidos por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) entre 2005 y 2010. Estos fueron los casos de los senadores Juan Justo Amaro (Partido Colorado) y Julio Lara (Partido Nacional), y de los diputados Julio Fernández, Homero Viera y Gonzalo Mujica (Frente Amplio), Carlos Mazzullo (PN), Carlos Signorelli (PC) y Alberto Casas (PN). En la pasada legislatura hubo un pedido de desafuero y fue contra Rodolfo Nin Novoa, actual canciller.

Anunciará el 13 de julio primeras medidas
Boleto dejará de costar $ 6

El intendente electo de Salto anunciará el lunes 13 de julio sus primeras medidas. Una de ellas será el aumento del boleto en el transporte colectivo que, desde hace años se mantiene en 6 pesos.

Lima comentó a LA REPUBLICA que “es imposible e impracticable mantener ese valor” y que “la intendencia pierde unos 50 millones de pesos al año por efecto de ese monto”.

Sostuvo además que la flota de ómnibus de Salto se encuentran “en estado crítico” por la falta de mantenimiento mecánico. “Se ha resentido la calidad de los servicios de transporte y estoy seguro que incluso está en riesgo la integridad física de los pasajeros”, subrayó Lima.

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